Ley de juicio en ausencia

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Nueva imposición de Israel a nuestro país

El proyecto de ley de juicio en ausencia, presentado hace unos días ante el Senado por el Poder Ejecutivo Nacional, adolece de graves y manifiestas fallas, tanto desde el punto de vista jurídico y del Derecho Internacional-relaciones diplomáticas, como desde el político.

Por eso mismo puede deducirse que, para llegar a enviarlo al Congreso para su debate y aprobación, las presiones de Israel y del ”lobby” que defiende cerradamente sus intereses en nuestro país (DAIA, AMIA y OSA) deben ser muy fuertes y haber sido aplicadas “sin anestesia”.

De otra forma no se entiende que especialistas en temas jurídicos y de relaciones internacionales, junto con políticos avezados y burócratas de las Naciones Unidas curtidos en estas lides, hayan preparado este engendro y pretendan ahora que lo apruebe el Parlamento Nacional.
Veamos.

En el terreno jurídico, aun cuando se ha cubierto la cuestión de la defensa en juicio del imputado o acusado, el proyecto contiene algunas disposiciones que pueden provocar dudas sobre su constitucionalidad, tal como detallo más adelante.

En el terreno del Derecho Internacional y de las relaciones diplomáticas, están las objeciones más sólidas y de mayor repercusión pública en el presente y, sobre todo, en el futuro previsible. En efecto, el proyecto avasalla principios de Derecho Internacional, escritos o no, especialmente en el importante tema de la extradición. En particular, el proyecto otorga a la Argentina la facultad de plantear exigencias que el país requerido debe necesariamente obedecer, bajo riesgo de que sus ciudadanos sean condenados y perseguidos internacionalmente por nuestros Tribunales. Tal extremo es incompatible con los conceptos básicos que fundamentan el instituto de la extradición, según se los interpreta pacíficamente en todo el mundo. Para demostrar esa incompatibilidad, basta recordar el nombre que distingue a nuestra ley 24.767 que legisla en materia de extradición: Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal.

Tal extralimitación en las facultades que nos auto otorgamos es la prueba central de que este proyecto nace por la presión israelí. Y ya sabemos que el poder (político, económico, financiero y periodístico) de Israel para coaccionarnos es tan grande y despiadado como su falta de escrúpulos.
Por otro lado, esas arbitrariedades del proyecto de ley de juicio en ausencia pueden derivar en serios conflictos diplomáticos y, aún, en una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-CIDH y en un juicio ante el Tribunal Internacional de la Haya.

Finalmente, en el terreno político, el proyecto trata de dar satisfacción al legítimo reclamo de los deudos de las víctimas y a todos los argentinos que reclaman el esclarecimiento del atentado, pero, por los motivos que explicaré más adelante, ése puede ser un logro efímero que, al poco tiempo, reabra el malestar social con mayor virulencia.

1.- Aspectos Jurídicos

En el artículo 292 ter, el proyecto establece el juicio en ausencia para un “imputado rebelde” cuya extradición fuese denegada, o quedara sin responder por el país requerido (en este caso, Irán).
La primera objeción que surge es que los países, en uso de su poder nacional soberano, pueden denegar un pedido de extradición o guardar silencio sobre él, sin que ello derive en ningún tipo de sanción internacional y, mucho menos, en una sanción contra sus ciudadanos decretada unilateralmente por otro país.

Por otro lado, Irán no ha rechazado sin más ni más el pedido de extradición, sino que su fiscal, señor Rumiani, ha respondido cada uno de los argumentos de nuestro pedido de extradición y, a mi entender, los ha rebatido con argumentos muy sólidos y atendibles, para concluir su respuesta con un especifico y reiterado pedido de que nuestro país envíe a Teherán las pruebas que posee (si las posee) que fundamenten debidamente la extradición. Y concluye su escrito reiterando su disposición a colaborar con nuestra justicia en la medida en que reciba tales pruebas.

Si queremos solucionar definitivamente el “problema AMIA” y evitar a nuestro país los avatares de una denuncia ante la CIDH y de un juicio ante el Tribunal de la Haya, es necesario, pues, analizar detenidamente esta cuestión.

Ante todo, conviene recordar que el mismo fiscal argentino, el fallecido doctor Alberto Nisman, y el mismo juez de Instrucción, el doctor Rodolfo Canicoba Corral, habían solicitado anteriormente a la Justicia británica la extradición del ex embajador iraní en Buenos Aires señor Hadi Soleimanpour. Para ello, enviaron a Londres 6.000 fojas con los mismos argumentos y supuestas pruebas que luego se usaron para hacer, ante Irán, el pedido de extradición que ahora nos ocupa. En aquella oportunidad, el juez londinense falló contra nuestro pedido de extradición, acusando a la Argentina de haber enviado 6.000 fojas pero ninguna prueba, inconducta que sancionó con la imposición de las costas de ese juicio, que ascendieron nada menos que a U$S 280.000.

De modo que, a la luz de esa experiencia tan lamentable, la respuesta del fiscal iraní y sus argumentos adquieren relevancia, y de ninguna manera podemos aducir que Irán no contestó nuestro exhorto. Ésa es una ficción que, seguramente, Irán tardará muy poco en tachar de arbitraria ante un organismo internacional como la CIDH y la Corte de la Haya.

Además, mal se puede acusar de rebeldes a los diplomáticos y funcionarios iraníes que no se presenten al eventual juicio, ya que esa misma condición de diplomáticos y funcionarios estatales los obliga a obedecer las disposiciones de su propio gobierno, cualquiera sea el requerimiento del extranjero. Dicho deber de obediencia es prioritario para ellos, cualquiera sea la norma jurídica internacional que se quiera aplicar: tratados bilaterales, convenciones multilaterales, o Derecho de Gentes.

Hay que agregar que es altamente probable que Irán designará un defensor para sus funcionarios acusados. Y es seguro que tal defensor hará uso de las pruebas y argumentos que acabo de mencionar. Con ellas, en mi opinión, destruirá toda posibilidad de lograr una sentencia condenatoria que sea medianamente presentable ante el mundo. Igual conducta deberá seguir el defensor oficial si lo hubiere, bajo riesgo de caer en el delito de incumplimiento de sus deberes de funcionario público si no la sigue.

Y si, hipotéticamente, el Tribunal que juzgue a los iraníes optara por dictar una sentencia condenatoria a pesar de todo, ello nos traería mayores dolores de cabeza aún, tanto en el plano nacional, como en el internacional.

Ante ese panorama insoslayable, en mi opinión queda ratificada la necesidad y la conveniencia de estudiar, con prudencia y detenimiento, si existió o no el coche bomba aducido por los jueces y los fiscales del caso AMIA y, ahora, por el Poder Ejecutivo.

Si se desea dejar a buen reguardo el prestigio de la Argentina, el momento oportuno para realizar esos estudios es ahora, cuando este proyecto ya tiene estado parlamentario, y antes de que se debata en el plenario del Honorable Senado. Luego será tarde.

2.- Aspectos de política internacional y relaciones diplomáticas

Lo dicho anteriormente nos introduce de lleno en el segundo plano en que conviene analizar el proyecto de juicio en ausencia.

La condena de funcionarios y diplomáticos iraníes en estas condiciones estimo que provocará alguna acción de Irán ante la Corte Internacional de la Haya, y un serio deterioro en nuestras relaciones diplomáticas con ese país y algunos más de Medio Oriente y de otras regiones.

En ese aspecto, no podemos prescindir de la consideración detenida y serena del tablero internacional multipolar que se ha conformado en los últimos años. Uno de los escenarios más importantes de ese tablero es, justamente, Medio Oriente. Agrego, de paso, que otro escenario clave, especialmente para la Argentina, será el Atlántico Sur y la Antártida.

En la actualidad, en Medio Oriente existe un verdadero equilibrio de fuerzas y de influencias. Estados Unidos ya no puede determinar libremente y según su exclusiva voluntad los acontecimientos en esa región, sino que debe compartir ese privilegio con la creciente influencia de Rusia y la más reciente de China. A su vez, la superioridad militar que tenía el Estado de Israel sobre el resto de los países de esa región está siendo condicionada y limitada por el creciente poderío bélico convencional de Irán.

Si se tiene todo ello en cuenta, es adecuado concluir que cualquier movimiento importante en Medio Oriente debe contar, sino con el acuerdo, al menos con el no rechazo abierto de EEUU, Rusia, China, Irán, Israel y aun Arabia Saudita, Egipto y Turquía. Ello habla de por sí de la complejidad de la política en esa región.
Asimismo, la situación de Irán se ha visto fortalecida por el acuerdo en materia nuclear que ha suscripto con el llamado Grupo 5 + 1: los cinco países que se auto asignaron una banca permanente y el poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU -EEUU, Rusia, China, Gran Bretaña y Francia- más Alemania.

Mientras Irán cumpla lo establecido en ese acuerdo, difícilmente será molestado por las seis potencias nombradas. Ello le permitirá, con seguridad, aprovechar un largo período de crecimiento y fortalecimiento de su poder económico y, especialmente, de su poderío militar en armas convencionales, que aumentará su influencia en la región.

Ante esa perspectiva cierta, que seguramente se mantendrá al menos una década, crearnos artificialmente un conflicto diplomático con Irán no parece lo más cuerdo y acertado.

3.- Aspectos políticos

En el terreno político, conviene partir de la base de que Irán nombrará un defensor de los imputados-acusados, y que éste hará uso del arsenal de medidas probatorias que tendrá a su disposición y a las que hice referencia más arriba.

Asimismo, es virtualmente seguro que el eventual defensor de los iraníes (sea éste privado u oficial) logrará demostrar que no hubo coche bomba y que la explosión se produjo adentro del edificio de la AMIA. Y también es seguro que, con ello, se caerá toda la argumentación que se ha usado para imputar y acusar a los iraníes.

Se podrá argumentar que el Tribunal Oral Federal que actúe podría forzar una sentencia condenatoria de los iraníes, a pesar de que se demuestre la no existencia del coche bomba. Pero ello sería tan manifiestamente arbitrario que debe darse por descontado que los iraníes hoy imputados, y eventualmente el día de mañana condenados, denunciarían el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De la misma forma, debe darse por seguro que, ante ese extremo, el Estado de Irán como tal ocurriría ante el Tribunal Internacional de la Haya, acusando a nuestro país de tal arbitrariedad.

En ambos casos, la Argentina sufrirá momentos muy difíciles, que por prudencia conviene prever y, si fuera posible, evitar.

Simultáneamente, una sentencia condenatoria de tales características no calmaría el reclamo social, y menos aún el de algunos familiares de víctimas, sino que lo exacerbaría.

Todo ello producirá gran daño a la imagen de nuestro país en el mundo y a la tranquilidad interior.

Finalmente, y dada la jurisprudencia existente en la actualidad, esa sentencia podría ser tachada, en algún momento, de irrita o fraudulenta, y por lo tanto sería declarada nula, con lo cual se agravaría hasta límites insospechados el malestar social y el desprestigio internacional.

En otras palabras, de no tomarse las precauciones mencionadas, no habremos solucionado el problema, sino que lo habremos postergado solamente, para que retorne de manera más dañina poco después… y todo por las presiones de Israel y sus “lobistas” locales.